¡Tanta Ley de Memoria Democrática —que al final solo sirve para alterar ilegalmente el censo electoral— y tan pocos recuerdos de nuestra historia democrática! Hoy se cumplen 50 años de la aprobación por el primer Gobierno de Suárez del proyecto de Ley para la Reforma Política.

Pero, por lo visto, la Memoria, la que nos pretende inculcar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, vaya nombre, es selectiva y parcial, mero instrumento ideológico de lucha política y, por tanto, traiciona a la historia, la cual busca la verdad de los hechos y los interpreta con argumentos racionales y comprobables. Nada que ver, pues, la una con la otra, la Memoria con la historia.

Antes de escribir este artículo he leído por encima, todo hay que decirlo, la vigente Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022, un texto extenso y farragoso, con un preámbulo inacabable, 66 artículos, 20 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 9 disposiciones finales. Muchos de estos preceptos son extensísimos y el conjunto es un ejemplo de ley contraria a las más elementales reglas de la buena técnica legislativa, algo no extraño en estos tiempos

Entre otros muchos ejemplos contrarios a la claridad que exige el principio de seguridad jurídica, se incluye como Disposición Adicional Octava un precepto sobre la adquisición de la nacionalidad española, hoy denominado popularmente «ley de nietos» que, además, ha sido vulnerado por la inefable Instrucción que introdujo la señora Sofía Puente, hermana del célebre ministro del mismo apellido. Este precepto está pendiente de sentencia por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuyo fallo es más que previsible, tan flagrante es la ilegalidad de tal instrucción por vulneración clarísima del principio de jerarquía normativa que solo puede ser atribuible a la mala fe de quien aplicó dicha norma.

Pero, sobre todo, la Ley de Memoria Democrática —igual que la anterior ley de Memoria Histórica— es en su conjunto contraria a la finalidad de la Transición misma, que no es, ni más ni menos, que el espíritu de la democracia. Y la primera muestra legislativa de este espíritu es, precisamente, la Ley para la Reforma Política impulsada por el Gobierno Suárez, quien, para sorpresa de todos, fue designado presidente poco más de dos meses antes por el rey Juan Carlos, protagonista fundamental de esta primera etapa de la Transición, que abarca, muy especialmente, la segunda mitad del año 1976.

Este año es clave para que, mediante esta Ley para la Reforma Política, se abra sutilmente la puerta para que los españoles puedan decidir libremente su futuro, que se transite de una dictadura a una democracia sin vulnerar las Leyes Fundamentales de la dictadura, es decir, con la frase que ha pasado a la historia, para que este paso se realice «de la ley a la ley», sin traumas, sin violencia, sin conflictos, mediante pactos y acuerdos.

Es decir, que sin vulnerar las Leyes Fundamentales aprobadas en la época franquista, que consagraban un sistema autoritario y claramente antidemocrático, se llegue a la actual Constitución, que consagra los derechos fundamentales, la separación de poderes, la democracia representativa y el Estado social de Derecho. Esta especie de milagro empezó el 3 de julio con la elección de Suárez como presidente del Gobierno, designado por el Rey, y culminará con el referéndum del 15 de diciembre, en menos de seis mese

A mitad de este período, el 10 de septiembre, hoy hace 50 años, el Gobierno Suárez aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley muy semejante al finalmente aprobado por las Cortes y refrendado por el pueblo. Merecería, creo, un recuerdo por parte del actual Gobierno, sobre todo por este inútil y sectario Ministerio que se encarga de eso que llaman Memoria Democrática, que debería haber previsto algún tipo de conmemoración. Que yo sepa, no han previsto nada, ni les interesa.

Al fin y al cabo, como decíamos, el espíritu de la Transición, que es el espíritu de la democracia, tiene como núcleo esencial la reconciliación entre españoles y el cese de la España de vencedores y vencidos, de dos bloques irreconciliables como enemigos eternos, en definitiva, el establecimiento de un muro entre las dos Españas. Para el actual Gobierno, este muro y la España dividida en dos bloques irreconciliables son su principio político directriz, la clave del dominio del PSOE dirigido por Pedro Sánchez. No digo nada nuevo, ellos no lo esconden, lo proclaman continuamente y muchos se lo creen y les votan.

El veneno introducido por la idea de Memoria, histórica o democrática, qué más da, es letal. O lo superamos o esta democracia no durará. Por eso hay que reflexionar sobre el sentido de la Transición, en esencia, la superación del espíritu de la Guerra Civil, de la España dividida en bandos, los buenos y malos españoles, del significado que supuso la reconciliación que empezó inmediatamente después de la muerte del dictador.

Desde este Gobierno se impedirá todo recuerdo, son las ideas contrarias en las que se funda; debemos ser los ciudadanos demócratas quienes impulsemos un debate en el que se reflexione y se encuentre el significado profundo de aquel momento fundacional de nuestra democracia. Tenemos más de dos años por delante para desarrollar este debate y aprender de aquellos hombres, de derechas y de izquierdas, o de centro, que supieron superar un conflicto entre españoles enquistado en nuestra historia.